La Asociación de propietarios de vivienda en alquiler (Asval) quiere que su próxima presidenta sea Isabel Pardo de Vera, quien en la anterior legislatura ocupó el puesto de secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Era, por tanto, la número dos del ministerio donde recaían las competencias en Vivienda. Según ha adelantado El Confidencial, y confirman fuentes conocedoras del proceso, el nombramiento podría producirse el próximo 20 de diciembre. Ese día Asval celebrará una junta de representantes y una asamblea con sus más de 6.000 asociados (entre los que destacan grandes fondos de inversión propietarios de viviendas como Blackstone) para votar a Pardo de Vera. En caso afirmativo, esta ocuparía el cargo a partir de enero.
Antes, sin embargo, falta un escollo. Como ha ocupado un cargo público recientemente, es necesario que la Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente del Ministerio de Hacienda, se pronuncie sobre una posible incompatibilidad. Las citadas fuentes, del entorno de la asociación, aseguran que “todo va en buen camino” y se muestran confiadas en que ese escollo se supere. La solicitud a la oficina gubernamental, ha señalado Europa Press, ya ha sido enviada pero se desconoce cuándo llegará la respuesta.
Pardo de Vera dimitió el pasado 20 de febrero como secretaria de Estado en el marco del escándalo de los trenes de cercanías para Cantabria y Asturias. Cuando Renfe solicitó a los fabricantes unos convoyes que, por las dimensiones especificadas, no podían caber en los túneles de la red de ancho métrico, Pardo de Vera ocupaba la presidencia de Adif, la compañía pública que gestiona las líneas ferroviarias y en la que tiene una plaza como empleada pública que no está ocupando. Los trenes nunca llegaron a fabricarse porque se descubrió en el proceso de diseño, pero el asunto provocó una tormenta política en plena precampaña de las elecciones autonómicas, que hizo que los presidentes asturiano (el socialista Adrián Barbón) y cántabro (Miguel Ángel Revilla, del PRC, quien perdería en los comicios de mayo) pusieran el grito en el cielo.
Desde su creación en 2020, la presidencia de Asval la ha ostentado Joan Clos, exalcalde socialista de Barcelona y exdirector ejecutivo de ONU-Hábitat. En el entorno de la asociación se insiste en que Clos se marcha en buenos términos, tras la reflexión por parte de los asociados de que “hacía falta un cambio”. Aunque formalmente Asval está abierta a todos los propietarios de vivienda de alquiler en España, y de hecho cuenta con muchos caseros particulares, la organización fue impulsada por fondos de inversión con miles de casas como Ares y Blackstone. La asociación presta asesoramiento jurídico y otros servicios, pero de facto funciona también como un lobby de defensa de los intereses de los arrendadores y correa de transmisión de sus propuestas.
Su némesis son los sindicatos de inquilinos, que tras conocerse la noticia se han apresurado a denunciar “las puertas giratorias entre el gobierno y la patronal inmobiliaria”. En un duro comunicado, el Sindicat de Llogateres catalán y su homólogo de Madrid han asegurado que el nombramiento de Pardo de Vera es “intolerable” y “un verdadero insulto para los millones de personas que viven ahogados por los abusivos precios del alquiler”. Y añaden que les parece “ilegal” porque la ley “establece que los altos cargos no pueden prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado durante los dos años siguientes a la fecha de su cese”.
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