Una gran campaña internacional en defensa de Julian Assange, pero sobre todo en defensa de la libertad de prensa, intentará esta semana frenar la inminente extradición del cofundador de Wikileaks a Estados Unidos. Dos magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales escucharán, a lo largo de las dos jornadas de vista preliminar que comienzan este martes, los argumentos de la defensa del hacker australiano para defender el derecho de Assange a interponer un recurso de apelación contra la decisión final de su entrega, autorizada por el Tribunal Supremo en 2022 y confirmada en junio de ese mismo año por la entonces ministra británica del Interior, Priti Patel. La decisión de los jueces podría darse a conocer al final de la sesión del miércoles.

“Su salud se está deteriorando. Mental y físicamente. Su vida está en peligro cada día que permanece en prisión, y va a morir”, advertía su esposa, la abogada Stella Assange, en un encuentro con corresponsales organizado en Londres por la Asociación de la Prensa Extranjera, en el que participaron también representantes de Wikileaks y de la organización Reporteros Sin Fronteras.

Si los magistrados Jeremy Johnson y Victoria Sharp deciden dar luz verde a la extradición, se agotaría para Assange la vía judicial en el Reino Unido. Siempre queda la posibilidad de que sus abogados recurran al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, pero los plazos correrían en contra del fundador de Wikileaks. Incluso si el tribunal europeo dictara una orden de suspensión inmediata ―la misma con la que frenó el primer avión con inmigrantes deportados a Ruanda—, el Gobierno británico no se consideraría obligado a obedecerla.

Julian Assange abandona el tribunal de Londres que el 1 de mayo de 2019 le sentenció a prisión.Matt Dunham (AP)

Assange pasó encerrado siete años en la Embajada de Ecuador en Londres y otros cinco en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, también en la capital inglesa, donde sigue hoy. “Tiene 52 años, y está siendo tratado con medicación. En octubre de 2021 sufrió un infarto leve. Ha tenido desde entonces todo tipo de problemas de salud, después de cinco años recluido en una celda de dos metros de ancho por tres de largo. Está aislado. Aunque intente moverse dentro, le da para poco”, explicaba su esposa.

Una causa política

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“La sentencia puede sentar un precedente con graves y oscuras implicaciones para la libertad de prensa por todo el mundo. No podemos subestimar el efecto que tendría el hecho de que un ciudadano australiano que publicó en Europa acabe siendo enviado a prisión en Estados Unidos”, aseguraba Kristinn Hrafnsson, actual director de Wikileaks. “Supone que ningún periodista va a estar protegido en el futuro”, advertía.

En marzo de 2022, el Tribunal Supremo británico dio luz verde a la extradición. Los abogados de Assange habían argumentado que el posible riesgo de suicidio en una prisión estadounidense era muy elevado, pero no lograron convencer a los magistrados del alto tribunal.

Aquel fallo puso fin a un proceso judicial que empezó el 21 de enero de 2021, cuando la jueza Vanessa Baraitser, de primera instancia, denegó la entrega del acusado al considerar que presentaba riesgo de suicidio y que las condiciones penitenciarias en EE UU podían exacerbarlo.

El equipo jurídico del hacker recurrió finalmente la confirmación de la extradición del Gobierno británico. Lo que se decide esta semana es, simplemente, si Assange logra una última oportunidad para argumentar jurídicamente ante un tribunal las razones por las que no debe ser extraditado. Y, en el caso de que la decisión de los magistrados sea negativa, acelerará los plazos de entrega.

Siempre queda la posibilidad de que el nuevo ministro británico del Interior, James Cleverly, o el propio primer ministro, Rishi Sunak, decidan frenar la entrega. El expresidente de Estados Unidos Barack Obama ya conmutó la sentencia de la soldada Chelsea Manning, la principal fuente de los documentos secretos de la seguridad estadounidense que filtró Wikileaks. Exponían graves episodios de guerra sucia en Irak o Afganistán y fueron publicados después de un laborioso y complejo proceso de edición por medios internacionales, entre los que estaba EL PAÍS, para evitar que nadie corriera riesgos innecesarios. Manning cumplió siete años de cárcel.

El actual Gobierno australiano y su Parlamento han solicitado la liberación de Assange. La Cámara legislativa aprobó la semana pasada una resolución, con el voto en contra de la oposición conservadora. El primer ministro, Anthony Albanese, respaldó con su voto la petición, y ha trasladado a Washington el deseo de su Gobierno de que se abandone la petición de extradición y se permita a Assange regresar a su país.

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