Israel defiende que no tiene intención genocida en su ofensiva militar en Gaza y que quedaría indefenso en caso de no repeler los ataques de la milicia islamista Hamás. Esta es, en esencia, la línea argumental sostenida este viernes por su equipo jurídico en el juicio que afronta en La Haya tras la denuncia de Sudáfrica por incitación al genocidio en Gaza. La representación israelí ha pedido al Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas (TIJ), máximo órgano judicial de la ONU, que se abstenga de dictar medidas cautelares para paralizar las operaciones militares en la Franja. Sudáfrica así lo había solicitado el jueves con la intención de evitar un genocidio contra los palestinos. Israel ha calificado de “falsa y distorsionada” esa acusación y ha rogado al tribunal la retirada del caso. La decisión judicial se espera para dentro de varias semanas.

Si bien la demanda sudafricana incluye en total nueve mecanismos de protección ante la presencia de “actos de carácter genocida” en Gaza, el más importante que reclama es el cese de la ofensiva israelí. Los seis representantes legales de Israel han rechazado que el TIJ pueda dictar esa medida, y han esgrimido para ello el uso de la fuerza en legítima defensa ante las agresiones de Hamás. Como la Carta de Naciones Unidas ampara ese derecho para todos los países, Sudáfrica se había acogido a la Convención para la Prevención y Sanción del delito de Genocidio (1948) en su solicitud a los jueces. La convención explica que no puede usarse la fuerza hasta llegar al “crimen de los crímenes”, que precisa de intención genocida para poder probarse. Y ahí, en la falta de esa intención expresada por Israel, es donde han ahondado sus juristas para asegurar que las medidas provisionales no están justificadas.

En una sala de audiencias que parecía incluso más llena que el jueves, cuando intervino Sudáfrica, Tal Becker, consejero jurídico del Ministerio de Exteriores israelí, ha hecho una advertencia. Ha afirmado que la expresión “nunca más”, para que no se repita un genocidio, es “la mayor obligación moral” de Israel teniendo en cuenta el Holocausto. Con ese argumento, ha lamentado que Sudáfrica apelase a la convención para presentar el caso ante los jueces. Si progresa, se convertiría “en la Carta del agresor” ha aseverado. Según él, “es Hamás quien busca el genocidio contra Israel” y la demanda está distorsionada porque solo menciona “el asalto israelí en Gaza”.

“No habla de que muchos de los edificios civiles destruidos contenían trampas instaladas por Hamás”. La milicia se ha metido en el corazón de la sociedad palestina, ha seguido explicando, “y utiliza a la población como escudos humanos”. En consecuencia, el paso dado por Sudáfrica “no ofrece al TIJ una lente, sino que tapa sus ojos ante la inhumanidad de Hamás y sus crímenes”.

Tal y como hizo el jueves la delegación sudafricana, Israel también ha presentado vídeos y audios este viernes. En su caso, de la matanza de civiles israelíes perpetrada por Hamás el pasado 7 de octubre. Junto con este apoyo gráfico, defender o rechazar un caso ante el Tribunal de la ONU exige a las partes argumentar cada una de sus alegaciones. Aquí se han descrito, por ambas partes, los actos —o su ausencia— de carácter genocida, la intención, la competencia de los jueces, el derecho a proteger, la urgencia y el daño irreparable que puede ocurrir, así como las medidas provisionales buscadas.

“No existe intención genocida”

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Aunque las medidas cautelares no exigen probar que se haya producido un genocidio —basta con que sea plausible—, el jurista británico Malcolm Shaw, que ha expuesto la posición de Israel, ha contado a la sala que el genocidio “no tiene lugar en Gaza y tampoco existe intención genocida por parte de Israel”. Era un momento clave porque ha declarado que, en todo caso, es Sudáfrica la que podría estar violando la convención “con su apoyo a Hamás, una organización considerada terrorista, entre otros, por Estados Unidos, la UE y Reino Unido”.

Con la toga y la peluca que simbolizan autoridad y respeto en la tradición británica, la presencia de Shaw ha quedado algo deslucida porque se ha hecho un lío con sus papeles. “Alguien los ha revuelto; esto parece una baraja”, ha murmurado a micrófono abierto. Una vez recuperado el orden, ha alegado que el Estado de Israel “sí tiene la intención clara de cumplir con las leyes humanitarias y solo se centra en Hamás”. También ha recalcado que Sudáfrica “no le dio tiempo suficiente a Israel para entablar una relación bilateral que permitiese contestar a esta disputa”. En este punto, varios de los jueces han tomado apuntes. El equipo sudafricano dijo el jueves que casi 24.000 personas han muerto en la Franja desde el inicio de la ofensiva, según las autoridades sanitarias locales.

Hacia el final de las intervenciones, Gilad Noam, fiscal general adjunto israelí para Asuntos Internacionales, ha reconocido que hay un conflicto armado en Gaza, “pero atender la solicitud de Sudáfrica debilitaría la esencia misma de la idea de genocidio”. Ha reforzado sus palabras incidiendo en que ordenar las medidas provisionales “solo daría alas a grupos terroristas que no respetan los derechos humanos”. “Hamás seguiría atacando a los civiles israelíes”. Para Noam, a pesar de que la milicia “utiliza a los civiles palestinos como escudos humanos, roba la ayuda humanitaria y mantiene rehenes israelíes, seguimos comprometidos con la ley internacional”.

Israel ha calificado la demanda de Sudáfrica de “intento cínico de pervertir el sentido mismo del genocidio”, y Galit Raguan, ministro israelí de Justicia, ha dicho en La Haya que la iniciativa sudafricana está “distorsionada”, dada la situación en la Franja. “Hay cientos de miles de túneles [utilizados por Hamás] y en cada hospital registrado por Israel se han encontrado pruebas de su presencia”.

Concluidas las dos jornadas de audiencias, el auto de los jueces del TIJ se espera para dentro de varias semanas. El punto más difícil es el relativo al cese de la ofensiva en Gaza, dado que Israel enfatiza que ejerce su legítima defensa. “La corte no tiene que determinar definitivamente la cuestión de la legítima defensa, y además podría considerar la situación desde una perspectiva humanitaria más amplia, dada la situación en la Franja”, dice, al teléfono, Asier Garrido Muñoz, experto en Derecho Internacional Público y Derecho Europeo, y exasesor jurídico del tribunal. De todos modos, le parece que incluso visto así indicar que se paralice la operación militar no estaría exento de controversia. “El Consejo de Seguridad de la ONU es el órgano indicado para decretar un alto el fuego y no lo ha hecho”.

Este tipo de autos del TIJ son de obligado cumplimiento, pero no está claro que Israel lo fuera a cumplir si considera que afecta a su actuación en Gaza. Lo que no decae es el valor de que el tribunal se pronuncie en un caso sobre genocidio que pone a Israel frente al espejo de sus actos.

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