La diligencia en el desembolso de las subvenciones para autoconsumo doméstico y empresarial es, también, una historia de dos Españas. Los retrasos en la concesión de las ayudas procedentes de los fondos europeos son moneda de cambio común en prácticamente todo el país, pero las diferencias en las tasas de ejecución de unas y otras comunidades autónomas son muy sustanciales: de hasta 60 puntos porcentuales, según las cifras del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) a las que ha tenido acceso EL PAÍS.
En un extremo, tres autonomías de la mitad norte del país —La Rioja, País Vasco y Castilla y León— lideran la tabla en lo que agilidad en la distribución de fondos se refiere, con tasas de ejecución del 66%, 62% y 60% —respectivamente— sobre el presupuesto asignado. En el lado opuesto, Extremadura, la Región de Murcia y el Principado de Asturias son las más rezagadas (6%, 12% y 18%) y, por tanto, aquellas en las que hogares y empresas más tardan en recibir el dinero solicitado. Paradójicamente, las dos primeras están entre las comunidades españolas con mejor recurso solar y, por tanto, en las que más rinden los paneles.
De entre las comunidades más pobladas, Madrid es la que sale mejor parada en la última actualización de datos del IDAE: es cuarta, con un 53% de resoluciones sobre el presupuesto asignado para autoconsumo y renovables en los sectores residencial, industrial y de servicios. Todo lo contrario que Andalucía, que es quinta por la cola con un 30%. Cataluña, por su parte, está en la zona media-baja de la tabla, con una ejecución del 38%.
Los retrasos en el despliegue del dinero procedente del plan europeo de recuperación pospandemia son generalizados y no están, ni mucho menos, circunscritos a los paneles en el tejado. Tal y como adelantaba este diario el lunes, el conjunto de las autonomías ha ejecutado menos de la mitad de los fondos disponibles para actuaciones energéticas: el 46%, una cifra notablemente menor a la de la Administración central.
A principios de noviembre, la adenda pactada con la Comisión Europea amplió en 500 millones de euros los fondos a repartir por las comunidades autónomas para fomentar la instalación de placas fotovoltaicas en casas y empresas. Una buena noticia difuminada, en cambio, por los continuos retrasos en la entrega del dinero a los beneficiarios.
Tanto los destinatarios de las subvenciones como las asociaciones del sector renovable llevan meses reclamando una mayor agilidad autonómica en la gestión de unas ayudas que tanto empresas como familias suelen incluir en sus cálculos cuando toman la decisión de poner paneles en el tejado. La Unión Española Fotovoltaica (UNEF), por ejemplo, ha sugerido en diversas ocasiones que gran parte del frenazo en el ritmo de adopción del autoconsumo —tras el bum de 2021 y, sobre todo, 2022— es directamente achacable a la lentitud de las comunidades autónomas en el pago de las subvenciones.
La instalación doméstica media de autoconsumo en España fue de 4,7 kilovatios (KW) en 2023, según los datos recién publicados por la patronal APPA Renovables, con una inversión media de algo más de 7.000 euros. En el caso de la industria, el sistema medio de autoconsumo tuvo 91,3 KW de potencia y supuso un desembolso de 69.000 euros.
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