Con alertas que señalan riesgos tax y supuestos huecos por los que se podría colar la corrupción en el articulado del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026las comisiones económicas conjuntas del Congreso iniciaron la votación de la hoja de ruta del gobierno de Gustavo Petro.

Ayer participó en el bloqueo de 300 artículos y hoy seguirá el debate sobre los temas más polémicos.

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El proyecto, que contemplaba inversiones por 1.154,8 billones de pesos, deberá estar aprobado antes del 7 de mayo. Esto implica que los congresistas solo tendrán mes y medio para debatir el Mapa de Desarrollo. Un debate en el que se discutirá, nuevamente, el receso de Semana Santa y en el que se discutirá con la discusión de otras reformas claves, como la laboral, la de salud y la de pensiones.

De 300 artículos de la propuesta de Gobierno presentada en febrero se pasó a 358 en la ponencia definitiva. Los congresistas presentaron alrededor de 3.000 propuestas y finalmente incluyeron 58 temas nuevos.

En la discusión de la ponencia cambió la propuesta sobre facultades extraordinarias para el Presidente: se quitaron algunas pero se incluyeron otras.

Entre los nuevos artículos se incluye uno que ordena al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) hacer, por una sola vez, un ajuste automático de los avalúos de todos los predios del país, salvo aquellos actualizadosse colgante los 5 últimos años.

También se incluye como se dijo que la ejecución de inversiones y programas estaría supeditada a la contratación del 50 por ciento de mano de obra local (si hay oferta calificada), y otro que habla de la enajenación de bienes inmuebles rurales en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) a favor de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

Se establece que la revisión técnico-mecánica de los vehículos particulares nuevos será obligatoria a partir del quinto año y no más tarde del sexto, según suceda.

El texto que empezó a votarse este martes llegó sin 22 artículos que estaban en la propuesta original del Gobierno. Se eliminaron cuatro (Arts. 123, 125, 126 y 133) que plantaban cambios de fondo al manejo de los recursos del sistema de salud y que varios sectores habían calificado como una reforma por la puerta de atrás.

También se eliminaron otros que habían generado fuerte discusión, como el que enviaba a la Policía Nacional al Ministerio de Justicia, sacándola de la órbita de la cartera de Defensa (en la que ha estado desde mediados del siglo pasado).

Jorge Iván González, director de Planeación Nacional, responsable del Plan de Desarrollo.

Foto :

Néstor Gómez. EL TIEMPO

¿Riesgo de corrupción?

El Fiscal General de la Nación Francisco Barbosa.

Foto :

César Melgarejo. EL TIEMPO

El arranque de la votación coincidió con sentas alertas de la Fiscalía General de la Nación y Contraloría General de la República sobrio el impacto que tuvo la aprobación de varios artículos del proyecto.

El fiscal Francisco Barbosa aseguró que el Plan de Desarrollo tiene apartes qu’abrirían nuevos boquetes en la lucha contra la corrupción en la contratación pública. “Quiero ser muy claro: puede ser colombiano de cualquier tipo de consideración o pertenencia en el país. Sean organizaciones indígenas, afros (…) Sean entidades públicas, privadas, ingenieros, administradores: la ley es una y se cumple para todos”, dijo Barbosa sobre el riesgo de relajar los controles de transparencia.

El Fiscal tiene reservas sobre los alcances de artículos como el 82 y 83, que buscan promover la participación de las llamadas ‘Asociaciones Público-Populares’ en la contratación y las compras públicas. Esos artículos establecen que «las entidades estatales pueden celebrar directamente contratos hasta por el monto mínimo con personas naturales o entidades sin ánimo de lucro que hagan parte de la economía popular y comunitaria».

Tambien que Colombia Compra Eficiente podría “realizar los procesos de contratación con sean actores de la ‘economía popular’”, incluso si ninguno está inscrito en el Registro Único de Proponentes (RUP).

Este es uno de los mecanismos de transparencia más importantes en la medida en que es obligatorio que quien contrata haga pública toda su información y su experiencia en los asuntos del negocio con el Estado. Sin embargo, dice el proyecto, «el proponente deberá cumplir con los criterios de selección del proceso de contratación de conformidad con los lineamientos de la Agencia» de Contratación.

“Cuando apliquen normas de ese nivel probablemente aparecerán retroactividades y corruptos que han sido condenados por esas conductas y van a decir: yo pertenezco a una organización social, y como pertenecí a ella me tienen que echar para atrás decisiones judiciales”, aseguró el Fiscal.

Carlos Hernán Rodríguez, Contralor General de La República. Fotos: Diego Caucayo

Por su parte, la Contraloría realizó una serie de advertencias respecto a los objetivos macroeconómicos e impuestos del Plan. Según el ente de control, en cuatro años no se lograría la transformación productiva que se plantee y sus impactos en el mercado laboral tampoco se sentirían.

«El PND está más orientado a conformar la institucionalidad qu’a constituyen la base para lograr la transformación productiva y la reindustrialización en el tiempo, mientras va orientando los proyectos de inversión a los sectores que tienen como objetivo la transformación y reindustrialización», de la Contraloría.

El PND es más
orientado a conformarse
la institución que
constituir la base para lograr la transformación productiva y la reindustrialización en
el tiempo

Al término de la reducción de la pobreza, la entidad consideró que se moderaron las metas del PND. Dado que lograr verdaderos avances entre el 2023 y el 2026 dependerá más del mayor gasto social, de programas como la renta básica focalizada hacia los pobres y de avances en la reducción de la desigualdad del ingreso y la riqueza.

Mientras las bases del Plan demuestren que cumplirá con los requisitos de la regulación fiscal, la Contraloría se preocupa por cómo las políticas tributarias y monetizaciones de otros países y la volatilidad de los flujos de capitales internacionales afectan las finanzas públicas de Colombia. De allí su advertencia de la necesidad de buscar alternativas para proteger la economía de estos shocks externos.

Radicación Plan Nacional de Desarrollo en febrero pasado.

Foto :

César Melgarejo. EL TIEMPO

Gobierno pide facultades para crear su propio grupo eléctrico

Uno de los temas mas polemicos en la discusion del Plan Nacional de Desarrollo ha sido la inclusión de una serie de facultades extraordinarias para que el presidente Gustavo Petro pueda poner en marcha las políticas públicas que él considera de trascendencia a través de decretos firmados directamente con su puño y letra.

La votación de esas facultades quedó para este miércoles, pues no se incluyeron en los bloques aprobados ayer a pupitrazo. Y si bien algunas de las facultades del proyecto inicial –la de regular los alternativos uses de la planta de coca, por ejemplo–, en la ponencia definitiva mantuvieron otras que han generado polémica por su carácter demasiado general.

Así, el Presidente puede directamente crear, escindir, fusionar, suprimir, integrar o modificar la naturaleza jurídica de algunas entidades de la Rama Ejecutiva.

También tendrá facultades para intervenir el hospital San Juan de Dios de Bogotá y para modificar los programas de Familias y Jóvenes en Acción.

La propuesta que comenzó a votarse ayer revivió facultades que estaban en el borrador inicial del Gobierno, como la de crear una Agencia Nacional de Seguridad Digital y una entidad pública para el fomento de la construcción, mejoramiento y conservación de los caminos vecinales.

Así crear mismo, el jefe de Estado podría fusionar o suprimir las empresas públicas ya existentes del sector eléctrico, con el objetivo de un grupo empresarial. Las facultades aplicarían para empresas como Central Eléctrica Cauca (Cedelca), Central Eléctrica Nariño (Cedenar), Electrificadora del Caquetá (ElectroCaquetá), Electrificadora del Huila (ElectroHuila), Electrificadora del Meta (Emsa) y Gestión Energética (Gensa), entre otros, en las que el Gobierno tiene la mayoría accionaria.

El Presidente tiene facultades extraordinarias para todo lo relacionado con el Grupo Bicentenario, el holding financiero estatal con el queren impulsar la ‘economía popular’, y para crear una entidad denominada Agencia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Anoche, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, defendió sus facultades y aseguró que la nueva ponencia acota el uso de los ‘superpoderes’ para el Presidente.