Luego de una tormenta hiperinflacionaria de carácter histórico en América Latina, que desató un inédito trastorno de precios que destrozó la economía a partir del año 2016, los índices de precios en Venezuela empiezan finalmente a perder terreno. Las tablas del Banco Central promedian una tasa del 3,2% en el mes de noviembre, la más baja en muchos meses en el país, dando continuidad a un descenso evidente en octubre y septiembre.

Con estos pasos, Venezuela va camino de ceder el primer lugar de la clasificación. El promedio anual actual se ubica en un 185%, aún tremendamente alto, pero muy lejos de los disparatados años de 4.000% y 6.000% de 2016 o 2017.

Los expertos consultados, como Henkel García, director de la consultora AlbusData, aseguran que, si la conflictividad política no sale de su cauce- lo que aún está por verse-, el país podría finalmente terminar 2024 con una tasa inflacionaria de dos dígitos.

Luego de un 2023 con una modesta tasa de crecimiento, se espera también una expansión de la economía en 2024 gracias a una recuperación del ingreso fiscal por la supresión o flexibilización de las sanciones energéticas por parte de Estados Unidos. Francisco Rodríguez, académico de la Universidad de Denver, calcula que el rango de la expansión del PIB puede estar entre 2 y 6 por ciento. Algunos hacen cálculos incluso más optimistas.

Una hostil política de estatizaciones junto el endurecimiento de controles cambiarios, fiscales y comerciales, impulsados por Nicolás Maduro al asumir funciones en el Gobierno en 2013 para dar continuidad al legado de Hugo Chávez, además de la corrupción generalizada en casi todas sus instancias, produjo en 2014 una debacle cambiaria que agravó el desabastecimiento y una grave sangría de divisas en Venezuela.

Durante casi todo el siglo XX, el país tuvo una envidiable estabilidad cambiaria, de varias décadas de duración y, hasta 1980, algunas de las tasas inflacionarias más bajas del mundo. Las sanciones internacionales aplicadas por Estados Unidos, la Unión Europea, y otros actores al Gobierno de Maduro acabó agravando la tormenta creada por el chavismo y ataron de manos al Ejecutivo, precipitando además el desplome de Petróleos de Venezuela (PDVSA), la petrolera estatal ya carcomida por la corrupción.

“Luego de un duro ajuste de casi dos años, finalmente la inflación cede. La sociedad ha pagado un costo altísimo para mitigar este fenómeno porque el ajuste ejecutado por Maduro ha sido muy contractivo y ha lastimado muchísimo la calidad de vida de los asalariados”, afirma el economista Leonardo Vera de la Universidad Central de Venezuela.

Vera apunta que la inflación cede porque -a diferencia de lo hecho en los años 2014-2015-2016, en los cuales se decretaban alegres aumentos de salariales sin fundamento fiscal- el Gobierno de Nicolás Maduro ha tenido cuidado de no cometer el mismo error y no ha movido la escala de sueldos, en este momento la más baja de América Latina.

“El encaje bancario, que sigue en 73%, y que debe ser el más grande del mundo, terminó matando el crédito en Venezuela, pero produjo consecuencias. Por otro lado, el anclaje cambiario ha tenido efecto, pero ha limitado la producción local, y tiene marco inestable”, afirma Vera.

Luego de años escondiendo las cifras de la economía y negándose a presentar cuentas al Parlamento que dominó la oposición hasta 2020, Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la República, a cargo del área económica, ha presentado al legislativo el Presupuesto de 2024, donde se prevé un aumento en los ingresos nacionales.

“La inflación se ha desacelerado, lo hizo en noviembre respecto a octubre, lo hará en diciembre, y también en enero”, afirma el analista financiero Henkel Garcia. García coincide con Vera en torno a no decretar aumentos salariales como una de las causas de la pérdida de vigor en el aumento de precios. “Los ingresos fiscales del país han aumentado un poco y eso ha permitido cierta estabilidad cambiaria. Claro, eso lo está pagando el trabajador”.

La economía venezolana actual, una expresión muy reducida de su versión tradicional, sobrevive hoy con sus ingresos petroleros, en en apenas 800.000 barriles diarios de producción, la producción aurífera, los ingresos por remesas, y una tibia recuperación en su producción de hierro e insumos siderúrgicos, luego de gestiones desastrosas en las cuales se perdieron millones de dólares. Las industrias funcionan hoy al 30% de su capacidad y sirven un mercado mucho más pequeño, luego de la masiva diáspora de estos años. La industria de la construcción sigue decaída. El crédito bancario había quedado pulverizado con la inflación y apenas ahora se asoma de nuevo al mercado.

La concreción de estas expectativas económicas dependerá del desempeño entre las tensiones entre el Gobierno de Maduro, la oposición venezolana y los Estados Unidos. La detención de Roberto Abdul, director de la ONG Súmate, podría terminar de agrietar lo acordado en Barbados, y la restauración de sanciones totales a Venezuela es una posibilidad cierta.

Los analistas consultados dudan sobre el regreso inminente de sanciones, aun a pesar de esta nueva crisis del diálogo. “Mi impresión es que las sanciones serán flexibilizadas aun a pesar de que fracasen los acuerdos de Barbados”, afirma el economista Francisco Rodríguez. “Creo que parte importante del actual Gobierno de Estados Unidos quiere normalizar sus relaciones con Venezuela y tiene muy presente el fracaso de la política de sanciones. Hay problemas con la crisis migratoria y un interés por el petróleo venezolano. Puede haber grises en la interpretación de las sanciones, entre lo acordado en Barbados y algunos acuerdos parciales”.